“Respetar lo acordado forma parte de la moral del poder”. Pablo Gómez
Supongo que el presidente López Obrador no se tomó el tiempo de leer el Tratado México-Estados Unidos-Canadá antes de firmarlo en 2020. Solo así se entiende su insistencia en declarar que sus políticas para favorecer a la CFE y a Pemex frente a sus competidores privados no son violatorias del acuerdo. Quizá ninguno de sus funcionarios o asesores se atrevió a decirle que firmó un documento cuyas reglas fijan condiciones de equidad para la inversión y la operación de las empresas en cualquier mercado, incluido el energético.
Es verdad que en el capítulo 8 del T-MEC “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna”. También México declara que “tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional”. Esto no significa, sin embargo, que pueda hacer unilateralmente cambios violatorios al tratado, porque en ese caso no podría firmar ningún acuerdo internacional. El propio capítulo 8 señala que las declaraciones exigidas por México se fijan “sin perjuicio” de los “derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado”.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos ha señalado que la política energética del gobierno de López Obrador viola varios artículos del T-MEC, entre ellos los que garantizan un trato igual a las mercancías y a las inversiones de los otros países firmantes. El artículo 14.4, por ejemplo, establece que “cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas.”. El 22.5 apunta que las entidades que regulen “una empresa propiedad del Estado” deberán ejercer sus facultades “de regulación de manera imparcial”. No es el caso del gobierno de López Obrador, que está discriminando a las empresas privadas en importaciones de combustibles, inversiones y regulación.
Ni el T-MEC ni otros tratados comerciales admiten que los cambios en las leyes internas de los países puedan disminuir el grado de liberalización. A esto se le llama el principio de ratchet o de cremallera, el cual es similar al principio de progresividad de la ley mexicana. Un país solo puede modificar su legislación interna para incrementar su apertura y no para restringirla. El T-MEC lo establece en el artículo 14.12, donde señala que “una enmienda o cualquier medida disconforme”, esto es, que modifique el tratado, solo podrá aplicarse en “la medida que la enmienda no disminuya el grado de conformidad de la medida, tal y como ésta existía inmediatamente antes de la enmienda”. Si “en el ejercicio de su derecho soberano” un país “decide cambiar de rumbo” y restringe las libertades de comercio e inversión, “no puede escaparse de sus responsabilidades internacionales y por lo tanto seguramente enfrentará numerosas demandas por parte de otros países”, señala un reporte de SAI Derecho & Economía, una consultora.
Estados Unidos no es el único país inconforme con el trato discriminatorio en México a las empresas privadas. Canadá ya ha manifestado su molestia y los países de la Unión Europea y Asia pueden hacerlo también sobre la base de sus tratados comerciales con nuestro país. Si las consultas que EUA está solicitando llevan a un panel de controversia y a sanciones, y estas se extienden a otros socios comerciales, podríamos ver castigos a México con valor de decenas o cientos de miles de millones de dólares.
Chicoché. Si AMLO no se dio cuenta de lo que hacía al firmar el T-MEC, tampoco se ha percatado de los costos de la violación del tratado. Ayer puso en su mañanera una canción de Chicoché, “Uy que miedo”, para burlarse de la acción de EUA, lo cual más que valor revela ignorancia. No será él, sino los mexicanos, los que paguen el costo de las sanciones.
