El reto (2/2)

Terminé el anterior Pesos y Contrapesos afirmando que es increíble que el capítulo económico de la Constitución esté redactado en los términos en los que lo está, plagado de erros desde el punto de vista de la economía, de contradicciones desde el punto de vista de la lógica, y de injusticias desde el punto de vista de la ética. Más increíble es que siga vigente, impidiendo que la mexicana sea una economía de mercado, no solo en el sentido literal del término, sino también en el sentido institucional. El que no lo sea es económicamente ineficaz y éticamente injusto.

Según el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional basta y sobra que el Congreso de la Unión expida una ley en la que se diga, por poner un ejemplo, que los salones de belleza y las peluquerías son considerados estratégicos, y que el Poder Ejecutivo la promulgue, para que peluquerías y salones de belleza tengan que ser expropiados y gubernamentalizados, ya que en el párrafo quinto del artículo 25 se dice que los sectores estratégicos de la economía, señalados en el párrafo cuarto del artículo 28, deben estar en las manos exclusivas del sector público, que para todo efecto práctico es el gobierno en turno.

El anterior es el ejemplo más grave del Estado de chueco que padecemos en México, que impide que la economía de mercado en el sentido literal del término, que sí tenemos, lo sea también en el sentido institucional del mismo, siendo tales aquellas en las cuales los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, mismos que, dados los artículos 25 y 28 de la Constitución, en México no lo están.

¿Cuáles son los sectores estratégicos de la economía? Los que señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión o, dicho de otra manera, los que se les ocurran a los legisladores. ¿Cuáles pueden ser? Cualesquiera. Así las cosas, ¿podemos decir que en México el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado? No, razón por la cual tampoco lo está el derecho a libertad individual para producir, ofrecer y vender bienes y servicios, libertad cuyo ejercicio requiere de la propiedad de los medios de producción. Se elimina ésta y se imposibilita aquella.

Hacer de la economía mexicana, que sí es de mercado en el sentido literal del término, una economía de mercado en el sentido institucional del mismo implica eliminar, no solo modificar, como ya se ha hecho en varias ocasiones, el capítulo económico de la Constitución, artículos 25, 26, 27, 28, 123 y 131 principalmente, eliminación que pondría fin a la inseguridad jurídica que todo ello genera, que terminaría con el Estado de chueco que todo ello implica, para sustituirlo por el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Quienes deben promover esta eliminación son los empresarios, primeros amenazados por el capítulo económico de la Constitución, empresarios que, por su pasividad en el tema, parecen no estar conscientes de la amenaza que los acecha, sobre todo con un gobierno como el de AMLO, convencido de que los sectores estratégicos deben estar en las manos exclusivas del gobierno. ¿Cuáles son esos sectores? Los que los legisladores digan.

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