En medio de la violencia que ha arrebatado la vida a 12 periodistas en lo que va del año, el diputado de Morena Juan Ramiro Robledo se anotó ayer la puntada de señalar a la prensa por los crecientes niveles de percepción de inseguridad que reporta el Inegi. Y dijo: “Imaginemos ocho días que no aparecieran notas rojas y nos volvemos a preguntar en una encuesta nacional qué tanta inseguridad siente la gente, le aseguro que sentiría menos inseguridad. Sí se puede decir que hubo un crimen, pero si no se repite otras 100 veces el mismo día, sería mejor para la salud del país”. Varios se cuestionaron si en algún momento pasó por la mente del legislador considerar que la percepción de inseguridad se debe en primer término a los hechos violentos que ocurren en las calles, en el transporte, y no a la labor periodística que cumplen los medios de dar a conocer lo que muchos quisieran ocultar. En fin.
La que ayer borró de sus cuentas en las benditas redes diversos audios con los que exhibió al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Lo anterior, nos comentan, acatando el amparo que obtuvo Alito. Sin embargo, nos hacen ver que la eliminación de los mensajes, no borra los que andan por ahí volando en las redes. Sobre todo, nos hacen ver, la acción llega ya un poco tarde, pues para muchos será difícil olvidar los señalamientos que el líder del PRI hizo sobre matar de hambre a periodistas, sobre quedarse en el cargo hasta 2024 o de apretar a empresarios como Germán Larrea y los Baillères, o sus dichos sobre la forma en que controla a periodistas y medios, entre otros… ¿Será que el daño a la credibilidad del priista está hecho y quizá de manera irreversible? Uf.
Observadores del proceso que derivó en las consultas que ha solicitado Estados Unidos —de cara a una posible controversia que podría derivar en sanciones arancelarias—, y a la que se sumó Canadá por reclamos que tienen por las políticas energéticas de México, señalan que, de muchas maneras, varias autoridades del país vecino advirtieron lo que podría venir. Enumeran, por ejemplo, la presencia aquí de Katherine Tai, representante comercial; las visitas del enviado especial John Kerry, la presencia constante del embajador Ken Salazar en Palacio. La primera, ayer señaló que han intentado trabajar con el Gobierno de México para atender sus preocupaciones “desafortunadamente las compañías continúan enfrentando trato injusto”. Lo que sigue es ahora lo complicado, nos comentan, requerirá mucho oficio político y diplomático.
Nos hacen ver que, si hay alguien que difícilmente podrá evadir los señalamientos, incluidos los de tipo penal, en la tragedia de la Línea 12 del Metro es Enrique Horcasitas. Y es que el exfuncionario estuvo al frente de Proyecto Metro, ese organismo que fue creado expresamente para hacerse cargo de la construcción de la también llamada Línea Dorada. Nos recomiendan echarle un ojo al tercer informe de la empresa DNV, el cual establece que Proyecto Metro se hizo cargo de la planeación, programación, licitación y construcción de la obra. O sea, de todo. Y lo que es clave: el organismo tenía autonomía administrativa, técnica, financiera y operativa. Es decir, que no hay a quién más echarle la culpa, ni hacia los lados ni hacia arriba, por las decisiones tomadas en lo que corresponde al diseño y ejecución. Como sea, habrá que ver.
Y hablando del tema de la Línea 12, no pocos se dieron cuenta del raspón que ayer la Fiscalía capitalina intentó ponerle, según algunos, a Gabriel Regino, abogado de Horcasitas y de otros cuatro imputados, pues éste ha repetido en diversas ocasiones que el proceso penal por la tragedia de la Línea 12, palabras más, palabras menos, tiene tintes políticos y ayer lo replicó en sus redes sociales. Pero no había terminado de postear, cuando el órgano procurador de justicia subió un tuit en el que dijo: “Esta Fiscalía no litiga en medios, litiga en los tribunales”. No mencionó directamente a Regino ni especificó si el mensaje estaba dedicado a él. Cada uno de los miles de internautas que le dieron retuit interpretó las cosas a su manera.
Justo ayer cuando el Gobierno federal dio cuenta de sus resultados en materia de incidencia delictiva, la comunidad jesuita volvió a levantar la voz para exigir justicia en el caso del asesinato de los padres Javier Campos y Joaquín Mora. “Desgraciadamente muchas cosas han fallado social, política y económicamente hablando y ahora estamos viendo y viviendo la descomposición de un tejido social que nos hace vulnerables ante las fuerzas del mal, un Estado de derecho no cumplido y no defendido por muchos de nosotros, especialmente por aquellos que tienen por encargo de la ciudadanía, ‘servir y hacer valer la ley’, que nos dé un orden social y oportunidades para vivir de acuerdo a nuestra raza y cultura, a nuestro estado de vida, religión, ideas políticas o formas de pensar distintas que hacen de nosotros un país rico y hermoso”, señalaron.