El primer semestre del año cerró con junio como el mes más letal para las mujeres, en lo que se refiere a crímenes en razón de género, al registrar 89 feminicidios.
En el sexto mes del año fueron privadas de la vida diariamente 2.9 mujeres, en promedio, y al comparar el nivel con mayo, que documentó 84 delitos, representa un aumento del seis por ciento.
De acuerdo con el reporte mensual de incidencia delictiva, presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y referido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero pasado fueron documentados 79 feminicidios; en febrero ocurrieron 83; en marzo, 75; abril tuvo 83; mayo, 84, y en junio hubo 89 víctimas.
De enero a junio de este año, las entidades que registraron el mayor número de feminicidios son el Estado de México, con 78; Nuevo León, con 58; Veracruz, 43; la Ciudad de México, 32, y Oaxaca, con 26.
El acumulado del primer semestre de este año es de 493 feminicidios, nivel que, al compararlo con el mismo periodo del 2019, que documentó 452 crímenes de este tipo, supone un aumento de 41 víctimas, que representan un incremento del nueve por ciento.
Martha Tagle, exlegisladora, feminista e integrante del colectivo Mujer, Ideas, Desarrollo, Investigación (MIDI), consideró que existe un subregistro en homicidios dolosos y desapariciones forzadas de mujeres.
“Ambos datos ponen en evidencia que en esta administración hay un desmantelamiento de toda la política pública para prevenir y sancionar la violencia. Desafortunadamente, nos estamos topando con casos que cada vez son más dramáticos”, aseveró a La Razón.
La activista subrayó que mientras se siga mandando el mensaje de que no pasa nada y no existan políticas que prevengan las agresiones contra este sector, vamos a encontrar estos datos.
Detalló que el índice de violencia es muy superior a los datos oficiales y refleja que no está funcionando la estrategia.
Martha Tagle manifestó que se requiere una acción de Estado y declarar una alerta nacional, que no nada más sea una especie burocrática, sino que los gobiernos federal, estatales y municipales pongan todo su esfuerzo, porque “estamos en una emergencia”.
La activista recordó que casos como el reciente de Luz Padilla y Debanhi Escobar demuestran que las autoridades debieron atender sus casos para evitar la muerte de ambas.
Luz Raquel Padilla, de 35 años, falleció el martes pasado, luego de que el 16 de julio la rociaron con alcohol y le prendieron fuego, mientras estaba en un parque en Zapopan, Jalisco. Anteriormente había denunciado amenazas.
En el caso de Debanhi Escobar, hay contradicciones, pues en el tercer peritaje se reveló que murió de asfixia por sofocación y el deceso ocurrió entre tres y cinco días antes del hallazgo de su cuerpo, que fue localizado el 21 de abril.
La joven desapareció el día 9 de ese mes, tras acudir a una quinta en el municipio de Escobedo, Nuevo León.
Elena Azaola, integrante del Seminario de Violencia y Paz (SVP), organizado por El Colegio de México (Colmex), expresó que los feminicidios no se pueden atribuir a un factor.
“Desde luego hay que poner el dedo en el renglón en la impunidad y deficiencias en las capacidades de las fiscalías para investigar y perseguir, así como de todo el aparato de seguridad y de justicia que está claramente desbordado, y es solamente una parte del problema”, externó.
Azaola manifestó que se debe poner la mirada sobre la tolerancia social, ya que no es únicamente un fenómeno jurídico de falta de aplicación de leyes, sino también el hecho de que los feminicidios crecen porque no se castigan, ya que la sociedad tolera o no detiene esas conductas, que van desde la educación en los niños.
Expuso que la violencia hacia las mujeres puede ocurrir en la familia, escuela, comunidad, y no se ha arraigado una cultura de igualdad.
“La gran mayoría de estos delitos no se comete contra personas desconocidas; se efectúa, generalmente, por parte de una pareja violenta que, por no querer dejar (a la víctima) la mata… Es algo tan recurrente, que deja en claro un ánimo de posesión”, refirió.
Cada 24 horas fueron ultimadas 88.7 víctimas. Junio es el segundo mes más violento en lo que va del año al registrar dos mil 662 homicidios dolosos, mientras que mayo documentó dos mil 826, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el primer semestre de este año, los homicidios dolosos registraron una disminución de mil 550 víctimas que representa el 9 por ciento a la baja. De enero a junio del 2021 se documentó 16 mil 950 delitos contra el mismo periodo del presente año que fue de 15 mil 400.
De enero a junio de este año las entidades que acumulan el mayor número de este delito son: Guanajuato, con mil 566; Michoacán, con mil 421; Baja California, mil 300; Estado de México, mil 265; Jalisco, con mil 024, y Chihuahua, 929.
Víctor Hernández, profesor e investigador de seguridad en la Universidad Panamericana dijo a este diario que en términos de homicidio no hay nada que presumir y solamente se ha estabilizado.
“La presente administración es tramposa porque está presentando cifras gubernamentales que le favorecen solamente una parte de la película, si presentara todas las estadísticas de incidencia delictiva como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
“Las llamadas al 911, los delitos que se reportan por fuentes abiertas como los periódicos se darían cuenta que la película es prácticamente idéntica a la que teníamos en el sexenio pasado… presentan delitos denunciados porque saben que nueve de cada 10 no se denuncian”, expuso.
Hernández manifestó que el actual Gobierno ha imitado la misma estrategia militarizada de las administraciones anteriores y obtiene los mismos resultados.
Gustavo López Montiel, politólogo del Tecnológico de Monterrey señaló que no hay una estrategia y el Presidente ha planteado una idea de “abrazos no balazos”, pero no se traduce en una estrategia que se haya publicado.
La titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en los primeros tres años de la presente administración se han podido reducir los delitos federales en 25.1 por ciento.
“En relación con la incidencia delictiva, de los delitos del fuero federal, aquí se ve una reducción de 25.1 por ciento. Recordar que al inicio de esta administración se cometían nueve mil 62 delitos del fuero federal y en junio se registran 25.1 por ciento menos”, aseguró Rodríguez.
En conferencia matutina dijo que, en el caso de los homicidios dolosos, se observa una tendencia a la baja y presumió que, durante junio pasado, comparado con el mismo mes del 2019, 2020 y 2021, se cometió el menor número de ilícitos.
Sin embargo, Rodríguez no dijo que junio, con dos mil 662 homicidios dolosos, fue el segundo mes más violento del año, sólo superado por mayo, cuando se presentaron dos mil 826 asesinatos.
En cambio, comparó el periodo enero-junio de los años anteriores y mostró que ahí sí hay una tendencia a la baja, a pesar de que en el primer semestre del 2022 se contabilizaron 15 mil 400 víctimas de homicidio doloso, lo cual representa 9.1 por ciento menos que en el 2021 y 12.2 por ciento de reducción, si se compara con el mismo periodo del 2020.
“Fueron seis estados donde se concentra 49 por ciento de los homicidios dolosos. Estos son: Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua”, reconoció.
La funcionaria explicó que en los 50 municipios prioritarios hubo resultados diferenciados: en 24 de los ayuntamientos, la comisión de delitos se contrajo 24 por ciento, y en 16, aumentó 19 por ciento.
En cuanto a los feminicidios, la funcionaria dijo que hubo una disminución de 20 por ciento, si se compara con el máximo histórico registrado en agosto del 2021, con 112 asesinatos de mujeres en aquel mes.
Sin embargo, no explicó que junio pasado fue el peor mes del 2022 en cuanto a estos ilícitos, pues se cometieron 89, contra los 84 del mes anterior, y muy lejos de los 79 cometidos en enero.
Señaló que, gracias al esfuerzo institucional, se logró abatir en 73 por ciento el delito de secuestro.
“Se llevan en la administración cuatro mil 401 detenidos por los secuestros, 503 bandas desarticuladas y dos mil 13 víctimas liberadas”, abundó la funcionaria.
En materia de delitos del fuero común, destacó una disminución de 29.4 de robos en general, en comparación con el histórico del 2017. En particular, señaló el robo de vehículo, con una reducción de 47.3 por ciento respecto al máximo histórico en 2018.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las cifras presentadas por Rosa Icela Rodríguez, porque reflejan el esfuerzo de su administración, dijo, para abatir los índices delictivos.
“Estamos trabajando todos los días y yo puedo sostener, por información, por mi trabajo diario, con el apoyo de todo el Gabinete de Seguridad, por los datos, de que estamos disminuyendo la incidencia delictiva, aunque esto les moleste a mis adversarios y puedan poner hoy mismo: ‘dice el Presidente que está bajando la incidencia delictiva en México, ¿le crees?’; y si se tratara de Chumel, diría: ‘Yo, no’”, manifestó.
El Ejecutivo federal insistió en que su Gobierno es el primero y el único que todos los días reúne a su gabinete de seguridad para revisar la situación del país.
“¿Qué Presidente de México llevaba a cabo, a las 6:00 de la mañana, una reunión de seguridad de lunes a viernes? ¿Qué Presidente de México informaba de lunes a viernes? ¿Qué Presidente de México, en específico, informaba con todo su gabinete mes con mes sobre la situación de seguridad en el país?”, cuestionó.
A un mes del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, ocurrido en Cerocahui, municipio de Urique, en Chihuahua, la Compañía de Jesús en México sigue exigiendo justicia, e insistió a que se revise la estrategia de seguridad.
En un comunicado, la Compañía de Jesús resaltó que, dada la ausencia de Estado en la región, es indispensable que continúen presentes de forma provisional las fuerzas federales, con los protocolos adecuados para interactuar con culturas indígenas y asegurando el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Lo anterior hasta que se reconstruyan las condiciones de paz en las comunidades de la Tarahumara, y reiteó el llamado de abrir espacios de diálogo para revisar la actual política de seguridad.
“Estamos convencidos de que si prevalece —como hasta ahora— la impunidad, no será posible avanzar hacia la reconciliación y La Paz”, manifestó.
Destacó que este mes han manifestado a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que para la Compañía de Jesús es prioritario que se garanticen los derechos de las comunidades rarámuri.
Dijo que la atención que sobre la región generó este lamentable hecho que sacudió al país no puede ser coyuntural y se deben revertir las causas estructurales de violencia que prevalecen hace décadas.
“El intempestivo asesinato de nuestros hermanos jesuitas nos remite a la vivencia de tantas víctimas de la violencia que siguen esperando justicia y verdad en nuestro México adolorido”, indicó.
La Compañía recordó a las familias de personas desaparecidas, a las víctimas de feminicidio, a los migrantes que no volvieron a casa, a los periodistas que perdieron la vida ejerciendo su labor, a los desplazados por la violencia, y a tantas y tantos que —como nosotros—, agregó, también esperan una justicia que no llega.
“Por las mujeres, por nuestras infancias, por nuestras juventudes, por todo el pueblo de México, hoy más que nunca es indispensable caminar en conjunto con diálogo, con responsabilidad, con propuestas y con esperanza, privilegiando la atención de preferencial a los más pobres”, puntualizó.
En el primer semestre del 2022 ocurrieron tres mil 123 crímenes de extrema violencia en el país, que fueron considerados como “atrocidades”, entre los que destacan 250 masacres, 856 casos de tortura, 426 casos de mutilación, 410 asesinatos de mujeres y, al menos, 12 homicidios de periodistas.
“Esto es una muestra de la violencia que vive el país y, sobre todo, la crueldad que caracteriza estos hechos delictivos, pero parece que quedan invisibles en los conteos que aparentemente demuestran una baja en la incidencia de alto impacto.
“Sin embargo, Baja California, Michoacán, Guanajuato y Veracruz son las entidades que concentran más casos de atrocidades”, explicó Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común.
Durante la presentación virtual del reporte “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, la experta dijo que, en promedio, se registraron 17 actos de este tipo cada día, lo que refleja un incremento de ocho por ciento en comparación con los delitos de este tipo registrados en el primer semestre del 2021; además, dijo que la esclavitud y la trata han tenido un alza en este año, además de la violación agravada, asesinato de periodistas, tortura y asesinato a mujeres con crueldad extrema.
“Resulta alarmante el incremento de este tipo de delitos en estados como Yucatán, Coahuila, Colima, Durango y Baja California”, expuso.
Destacó también que hay una cifra negra en los reportes, ya que no todos se registran o se informan.
María Elena Morera, directora de Causa en Común, destacó que el fenómeno de la violencia extrema es invisible en las estadísticas oficiales, pues el registro de asesinatos no toma en cuenta, para efectos de clasificación, las formas como ocurrieron en los asesinatos y las ejecuciones.
Karla Palazuelos, investigadora de la UNAM, dijo que existe la necesidad de hablar de todos los tipos de violencia que se están generando en el país, pues muchos de los crímenes han cambiado.
“Hay que destacar que las categorías hacen mucho énfasis en el manejo que se hace en este tipo de atrocidades, pues muchos han tenido un fuerte impacto en las sociedades”, dijo.
Luis Chaparro, experto en seguridad, dijo que en México no se está judicializando la violencia, pues respecto a la libertad de expresión, hay, al menos, 12 periodistas asesinados, pero lo que llama la atención es que son personas de medios locales, que viven en precariedad y no son reconocidos.
“Son periodistas de medios locales, y que viven en condiciones precarias, con condiciones salariales indignas, y que no son reconocidos, por lo que quedan expuestos a la violencia”, detalló.
Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, sostuvo que la tortura es una práctica generalizada y el Poder Judicial decidió vivir con ella, sin realizar acciones contundentes. Por ello, en el país hay 30 mil casos y sólo 43 sentencias.
“Las Fiscalías en el país están desbordadas. Si se contaran los años que se deben hacer para investigar todas las desapariciones, se hace verdaderamente imposible. Las fiscalías investigan caso por caso y eso retrasa la justicia”, añadió.
Mencionó que no se desmantelan redes, sino que se captura solamente a los ejecutores, pero no se da seguimiento a quien planea el delito.