Day: July 21, 2022

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de imponer medidas cautelares en contra de funcionarios de Morena, para evitar que sigan realizando actos de campaña.

“Nosotros celebramos a la decisión del Tribunal Electoral de tomar medidas cautelares en contra de militantes de Morena, por tener actos proselitistas, es una violación a la ley lo que están haciendo la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador Ricardo Monreal y por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard, tiene que parar y si ellos siguen violando la ley debe haber sanciones“, señaló en un comunicado.

El perredista aseveró que seguirán respaldando a los organismos electorales autónomos ante el embate de las autoridades federales, ya que son un eslabón fundamental para la democracia del país y por ello, no permitirán que desaparezcan.

Zambrano Grijalva calificó como “insolentes” las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López al señalar que no le preocupan las sanciones que imponga el Instituto Nacional Electoral (INE).

Y es que apenas este martes, López Hernández aseguró que el INE no podrá bajarlo de la contienda por ser abanderado de Morena, pues confía en que los diputados federales desaparezcan al instituto y así se eliminen las sanciones por los actos anticipados de campaña.

Además, adelantó que no permitirán que la reforma electoral pase, como se hizo con la eléctrica. “Les decimos y advertimos que eso no pasará bajo ninguna circunstancia, al igual que no dejamos que pasara la reforma energética, de la misma manera, no permitiremos que esta reforma electoral sea aprobada. Que el secretario se ponga a trabajar, porque los temas que le compete atender están hundiendo y lastimando al país“, puntualizó.

El perredista dijo que en México se necesita mantener la autonomía de las instituciones, garantizar que los procesos electorales sean llevados con claridad y legalidad, por esa razón “seguiremos demostrando nuestro apoyo y respaldo al INE y a las instituciones gubernamentales”, aseveró.

FBPT

La titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en los primeros tres años de la presente administración se han podido reducir los delitos federales en 25.1 por ciento.

“En relación con la incidencia delictiva, de los delitos del fuero federal, aquí se ve una reducción de 25.1 por ciento. Recordar que al inicio de esta administración se cometían nueve mil 62 delitos del fuero federal y en junio se registran 25.1 por ciento menos”, aseguró Rodríguez.

En conferencia matutina dijo que, en el caso de los homicidios dolosos, se observa una tendencia a la baja y presumió que, durante junio pasado, comparado con el mismo mes del 2019, 2020 y 2021, se cometió el menor número de ilícitos.

Sin embargo, Rodríguez no dijo que junio, con dos mil 662 homicidios dolosos, fue el segundo mes más violento del año, sólo superado por mayo, cuando se presentaron dos mil 826 asesinatos.

En cambio, comparó el periodo enero-junio de los años anteriores y mostró que ahí sí hay una tendencia a la baja, a pesar de que en el primer semestre del 2022 se contabilizaron 15 mil 400 víctimas de homicidio doloso, lo cual representa 9.1 por ciento menos que en el 2021 y 12.2 por ciento de reducción, si se compara con el mismo periodo del 2020.

“Fueron seis estados donde se concentra 49 por ciento de los homicidios dolosos. Estos son: Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua”, reconoció.

La funcionaria explicó que en los 50 municipios prioritarios hubo resultados diferenciados: en 24 de los ayuntamientos, la comisión de delitos se contrajo 24 por ciento, y en 16, aumentó 19 por ciento.

En cuanto a los feminicidios, la funcionaria dijo que hubo una disminución de 20 por ciento, si se compara con el máximo histórico registrado en agosto del 2021, con 112 asesinatos de mujeres en aquel mes.

Sin embargo, no explicó que junio pasado fue el peor mes del 2022 en cuanto a estos ilícitos, pues se cometieron 89, contra los 84 del mes anterior, y muy lejos de los 79 cometidos en enero.

Señaló que, gracias al esfuerzo institucional, se logró abatir en 73 por ciento el delito de secuestro.

“Se llevan en la administración cuatro mil 401 detenidos por los secuestros, 503 bandas desarticuladas y dos mil 13 víctimas liberadas”, abundó la funcionaria.

En materia de delitos del fuero común, destacó una disminución de 29.4 de robos en general, en comparación con el histórico del 2017. En particular, señaló el robo de vehículo, con una reducción de 47.3 por ciento respecto al máximo histórico en 2018.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las cifras presentadas por Rosa Icela Rodríguez, porque reflejan el esfuerzo de su administración, dijo, para abatir los índices delictivos.

“Estamos trabajando todos los días y yo puedo sostener, por información, por mi trabajo diario, con el apoyo de todo el Gabinete de Seguridad, por los datos, de que estamos disminuyendo la incidencia delictiva, aunque esto les moleste a mis adversarios y puedan poner hoy mismo: ‘dice el Presidente que está bajando la incidencia delictiva en México, ¿le crees?’; y si se tratara de Chumel, diría: ‘Yo, no’”, manifestó.

El Ejecutivo federal insistió en que su Gobierno es el primero y el único que todos los días reúne a su gabinete de seguridad para revisar la situación del país.

“¿Qué Presidente de México llevaba a cabo, a las 6:00 de la mañana, una reunión de seguridad de lunes a viernes? ¿Qué Presidente de México informaba de lunes a viernes? ¿Qué Presidente de México, en específico, informaba con todo su gabinete mes con mes sobre la situación de seguridad en el país?”, cuestionó.

Juan Ramiro Robledo, diputado federal de Morena, señaló a los medios de comunicación como los responsables del incremento en la percepción de inseguridad en el país, tras referir que este indicador se ve influenciado por la información que da a conocer la prensa a la población.

En conferencia de prensa, el legislador aseguró que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador es un “gobierno más sensible” y durante el cual se ha “logrado” revertir el crecimiento de algunos delitos, tales como el robo de vehículo o los homicidios.

No obstante, reconoció que no es el mismo comportamiento para otros ilícitos cuya problemática aún no se ha resuelto.

Mencionó que la inseguridad no es un hecho tangible ni medible, como lo son los delitos, sobre los que insistió que han bajado, y señaló que la percepción llega a la población por diferentes medios de comunicación “y tantos instrumentos que hoy arrojan datos ciertos o no”.

Tras esto, planteó un escenario hipotético en el que, dijo, si la prensa no reportara ningún hecho delictivo durante ocho días y después se le preguntara a la población sobre qué tan insegura se siente, el resultado sería diferente.

“Yo dije: ‘imaginemos ocho días que no apareciera notas rojas y nos volvemos a preguntar en una encuesta nacional qué tanta inseguridad siente la gente, le aseguro que sentiría menos inseguridad’. Sí se puede decir que hubo un crimen, pero si no se repite otras cien veces el mismo día sería mejor para la salud del país”, afirmó.

Las declaraciones del diputado se dan luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que al segundo trimestre del año 67.4 por ciento de la población se siente insegura en el lugar en el que vive, cifra que rebasó a los dos periodos anteriores.

Con información de Yulia Bonilla

FBPT

Eric Andrade era médico; en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, en esa comunidad realizaba su pasantía, un requisito indispensable para la especialidad médica. Eric es el tercer médico pasante asesinado en lo que va del año.

Son muchos más los médicos, sobre todo, los que están haciendo su servicio en las comunidades más alejadas, que son extorsionados, secuestrados, robados, abusados, porque no sólo tienen un ingreso que es apenas testimonial, sino porque no existen condiciones mínimas de seguridad (o profesionales) para que cumplan con su responsabilidad.

Otros son secuestrados incluso para atender a personas del crimen organizado en la clandestinidad.

Las universidades de Durango decidieron, luego del asesinato de Eric, retirar a todos los pasantes en las regiones donde el Estado no les puede garantizar mínimamente la seguridad y las condiciones de trabajo. Es una idea que está creciendo en un gremio médico donde se acumulan los agravios, incluyendo los bajos salarios, la falta de oportunidades, las descalificaciones. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, ante esa situación, terminó yéndose contra los propios médicos y las universidades, y sostuvo que suspender las pasantías no “era oportuno” porque había que garantizar la asistencia de la población. Y se recordó que sólo el 16 por ciento de los puestos de especialidades fueron cubiertos en las zonas de mayor marginalidad.

Eso no es lo que está en discusión, sino las condiciones de trabajo del personal médico, su seguridad y los equipos y medicinas necesarios. Nuestros médicos y enfermeras en esas zonas trabajan en las paupérrimas condiciones y no se les puede exigir que arriesguen su vida sin condiciones mínimas para ejercer. La verdadera exigencia para el Estado mexicano, incluyendo los gobiernos federal, estatales y municipales, es que le garanticen a los médicos y el personal sanitario las condiciones mínimas indispensables para cumplir con su labor: un espacio digno donde vivir, donde trabajar y atender a sus pacientes, seguridad en todos los sentidos para hacerlo.

Los médicos y el personal sanitario en las zonas que están controladas por el crimen organizado (un 35 por ciento del territorio nacional, según el Comando Norte de Estados Unidos) son extorsionados, secuestrados, se les exige, bajo amenazas, que atiendan a sus heridos, muchas mujeres son abusadas. Eso ocurre en zonas rurales y urbanas. Muchas instalaciones sanitarias en las zonas rurales están en ruinas y no llegan los medicamentos.

Más allá de que seguir calificando de corruptos a los médicos que simplemente reclaman una plaza laboral después de carreras que implican cerca de diez años de sus vidas, las autoridades se equivocan: un médico en el sector salud gana un salario de unos 16 mil pesos mensuales, menos aun cuando está haciendo su residencia, que puede ser una “beca” de mil 600 pesos. Eso de que faltan médicos se contradice con la propia labor de la Secretaría de Salud, que contrató médicos y personal sanitario para la pandemia, les prometió plazas y cuando pasó la emergencia, los dejó en la calle.

Además del asesinato de Eric hay un caso que es paradigmático, del que ya hemos hablado y que hay que recordar porque sigue sin hacerse justicia.

Es el caso de Mariana Sánchez Dávalos, una joven de 24 años, estudiante de medicina que realizaba su servicio social en una clínica de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, en Chiapas, una zona bajo control zapatista.

El 28 de enero del 2021, Mariana fue encontrada en la habitación en donde vivía, ahorcada, había sido asesinada. Mariana había denunciado una violación durante su servicio, pero fue ignorada. Presentó una denuncia ante el Ministerio Público y otra, en la Secretaría de Salud del estado: en el MP la ignoraron y en la Secretaría de Salud le ofrecieron unos días de vacaciones… sin goce de sueldo.

Había comenzado a trabajar en esa comunidad en agosto. Estaba sola, viviendo en condiciones muy precarias, y casi sin comunicación, porque no llegaba la señal del teléfono y el Internet. Muy poco después de iniciar su servicio le dijo a su familia que estaba siendo acosada: en diciembre un médico de planta de la clínica rural se metió en su cuarto y abusó de ella. Presentó su renuncia, pero no fue aceptada. Si renunciaba, sus años de estudios, sin la residencia, se perdían. Se quedó.

Horas antes de su muerte le dijo a su madre que el acoso continuaba. Al día siguiente apareció ahorcada. La Fiscalía del estado aseguró que se había tratado de un suicidio. Ni siquiera le informaron de la muerte a su familia (fueron sus amigas las que lo hicieron), pero se apresuraron en menos de 48 horas a incinerar sus restos. Ningún familiar lo había consentido, lo decidieron la clínica y la Fiscalía, cuando su familia apenas se estaba enterando de la muerte de Mariana y se trasladaban desde Saltillo, donde vivían.

Se tuvieron que generalizar manifestaciones de estudiantes de la Facultad de Medicina en Tuxtla y en otras partes del país, y un paro de labores en la Universidad, para que un juzgado emitiera una orden de captura en contra del médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, que era quien supuestamente la hostigaba, abusó y mató. No lo detuvieron, él se entregó. Todavía sigue el caso en proceso.

Con Mariana como con Eric, lo que faltan no son ganas, son condiciones de trabajo y seguridad. De eso se trata.

Partidos de oposición aseguraron que Morena es sinónimo de descomposición, por ello, a su llegada a municipios y estados aumentan los índices de violencia y no hay control o protección para los ciudadanos, lo que repercute también en el aumento de la percepción de inseguridad entre la población.

“Morena es sinónimo de descomposición e inseguridad. El hecho de que se hayan incrementado los índices delictivos en Zacatecas y Sonora por parte de grupos delictivos, es la factura que están pasando por haber ayudado a esos gobernantes a ganar las elecciones. En su llegada a las administraciones de los municipios y estados, se ve un aumento de la violencia”, detalló Jesús Zambrano, líder nacional del PRD.

Consultado por La Razón, el perredista agregó que el agravante es que en Sonora gobierna el exsecretario de Seguridad Pública en el gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que reiteró que son “alianzas tóxicas” que sólo llevan a poner en riesgo a la ciudadanía.

Este rotativo publicó este miércoles que por séptimo trimestre consecutivo, Zacatecas encabezó la lista de las ciudades con mayor percepción de inseguridad entre sus habitantes, a la que se suman la capital del estado, así como Ciudad Obregón, Sonora, que no ha abandonado la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) desde septiembre del año pasado.

Por separado, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, dijo que en todo el país hay un sentimiento de inseguridad, pero en Zacatecas, Colima y Michoacán es donde más se han elevado los actos criminales de grupos organizados.

“Hay una sensación de inseguridad a nivel nacional, pues cuando ves las noticias te das cuenta que hay una percepción de violencia generalizada, a pesar de que en zonas como Fresnillo está desatada la inseguridad. Nosotros lo que queremos es ataque a los grupos delincuenciales y no solo abrazos”, detalló.

Dijo que lo que se quiere es paz en el país sin guerra, pero aplicando la ley, pues parece que en la actualidad todos deben quedar impunes y respetar a los delincuentes. “Lo que falta es que los gobiernos hagan su trabajo, ya que su chamba es proteger a los mexicanos para generar estabilidad, ya que las personas han dejado de sentirse protegidos”.

En medio de la violencia que ha arrebatado la vida a 12 periodistas en lo que va del año, el diputado de Morena Juan Ramiro Robledo se anotó ayer la puntada de señalar a la prensa por los crecientes niveles de percepción de inseguridad que reporta el Inegi. Y dijo: “Imaginemos ocho días que no aparecieran notas rojas y nos volvemos a preguntar en una encuesta nacional qué tanta inseguridad siente la gente, le aseguro que sentiría menos inseguridad. Sí se puede decir que hubo un crimen, pero si no se repite otras 100 veces el mismo día, sería mejor para la salud del país”. Varios se cuestionaron si en algún momento pasó por la mente del legislador considerar que la percepción de inseguridad se debe en primer término a los hechos violentos que ocurren en las calles, en el transporte, y no a la labor periodística que cumplen los medios de dar a conocer lo que muchos quisieran ocultar. En fin.

La que ayer borró de sus cuentas en las benditas redes diversos audios con los que exhibió al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Lo anterior, nos comentan, acatando el amparo que obtuvo Alito. Sin embargo, nos hacen ver que la eliminación de los mensajes, no borra los que andan por ahí volando en las redes. Sobre todo, nos hacen ver, la acción llega ya un poco tarde, pues para muchos será difícil olvidar los señalamientos que el líder del PRI hizo sobre matar de hambre a periodistas, sobre quedarse en el cargo hasta 2024 o de apretar a empresarios como Germán Larrea y los Baillères, o sus dichos sobre la forma en que controla a periodistas y medios, entre otros… ¿Será que el daño a la credibilidad del priista está hecho y quizá de manera irreversible? Uf.

Observadores del proceso que derivó en las consultas que ha solicitado Estados Unidos —de cara a una posible controversia que podría derivar en sanciones arancelarias—, y a la que se sumó Canadá por reclamos que tienen por las políticas energéticas de México, señalan que, de muchas maneras, varias autoridades del país vecino advirtieron lo que podría venir. Enumeran, por ejemplo, la presencia aquí de Katherine Tai, representante comercial; las visitas del enviado especial John Kerry, la presencia constante del embajador Ken Salazar en Palacio. La primera, ayer señaló que han intentado trabajar con el Gobierno de México para atender sus preocupaciones “desafortunadamente las compañías continúan enfrentando trato injusto”. Lo que sigue es ahora lo complicado, nos comentan, requerirá mucho oficio político y diplomático.

Nos hacen ver que, si hay alguien que difícilmente podrá evadir los señalamientos, incluidos los de tipo penal, en la tragedia de la Línea 12 del Metro es Enrique Horcasitas. Y es que el exfuncionario estuvo al frente de Proyecto Metro, ese organismo que fue creado expresamente para hacerse cargo de la construcción de la también llamada Línea Dorada. Nos recomiendan echarle un ojo al tercer informe de la empresa DNV, el cual establece que Proyecto Metro se hizo cargo de la planeación, programación, licitación y construcción de la obra. O sea, de todo. Y lo que es clave: el organismo tenía autonomía administrativa, técnica, financiera y operativa. Es decir, que no hay a quién más echarle la culpa, ni hacia los lados ni hacia arriba, por las decisiones tomadas en lo que corresponde al diseño y ejecución. Como sea, habrá que ver.

Y hablando del tema de la Línea 12, no pocos se dieron cuenta del raspón que ayer la Fiscalía capitalina intentó ponerle, según algunos, a Gabriel Regino, abogado de Horcasitas y de otros cuatro imputados, pues éste ha repetido en diversas ocasiones que el proceso penal por la tragedia de la Línea 12, palabras más, palabras menos, tiene tintes políticos y ayer lo replicó en sus redes sociales. Pero no había terminado de postear, cuando el órgano procurador de justicia subió un tuit en el que dijo: “Esta Fiscalía no litiga en medios, litiga en los tribunales”. No mencionó directamente a Regino ni especificó si el mensaje estaba dedicado a él. Cada uno de los miles de internautas que le dieron retuit interpretó las cosas a su manera.

Justo ayer cuando el Gobierno federal dio cuenta de sus resultados en materia de incidencia delictiva, la comunidad jesuita volvió a levantar la voz para exigir justicia en el caso del asesinato de los padres Javier Campos y Joaquín Mora. “Desgraciadamente muchas cosas han fallado social, política y económicamente hablando y ahora estamos viendo y viviendo la descomposición de un tejido social que nos hace vulnerables ante las fuerzas del mal, un Estado de derecho no cumplido y no defendido por muchos de nosotros, especialmente por aquellos que tienen por encargo de la ciudadanía, ‘servir y hacer valer la ley’, que nos dé un orden social y oportunidades para vivir de acuerdo a nuestra raza y cultura, a nuestro estado de vida, religión, ideas políticas o formas de pensar distintas que hacen de nosotros un país rico y hermoso”, señalaron.