El sector empresarial, industrial y patronal mexicano brindó su apoyo al Gobierno en el proceso de consultas solicitado a México por Estados Unidos y Canadá, respecto a las políticas en materia energética adoptadas en esta administración; aunque también externaron su preocupación de las represalias en caso de no alcanzar un acuerdo satisfactorio.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal cúpula privada del país, destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un instrumento fundamental para el crecimiento y desarrollo de la nación y una fuente indispensable de certidumbre para el ambiente de negocios, inversiones y la creación de empleos.
Señaló que el inicio del proceso de consultas solicitado a México por Estados Unidos y Canadá, al amparo del capítulo de Solución de Controversias del T-MEC es resultado de las solicitudes de empresas de nuestros principales socios comerciales.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) externó su preocupación por la solicitud de inicio de consultas que Estados Unidos envió con relación a la política energética del país y en la que se externa que existe una violación a lo establecido en el Artículo 31.4 del acuerdo comercial.
Consideró que dicha solicitud no sólo afecta la imagen del país, respetuoso de los acuerdos que suscribe, sino que además podría afectar negativamente los beneficios que se tienen con las exportaciones de México a Estados Unidos con la aplicación de aranceles y otras medidas compensatorias.
“Los industriales de México, reiteramos nuestra disposición para trabajar de la mano con el Gobierno federal a fin de resolver las controversias, con la finalidad de evitar afectaciones a la economía de las familias mexicanas y la industria nacional”, expuso la cúpula industrial en un comunicado.
A su vez, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expuso que la solicitud de Estados Unidos “es una señal alarmante que en la Confederación advertimos de manera puntual: la política energética impulsada por el Gobierno de México contraviene las disposiciones del acuerdo para la libre competencia”.
Consideró que la implementación de los mecanismos contenidos en el T-MEC se deben resolver de manera ágil y respetando los protocolos establecidos para ello dentro del mismo acuerdo.
De lo contrario, “sería lamentable que, ante los incumplimientos y la falta de acuerdos, estas consultas deriven en un panel que bien podría traducirse en medidas más enérgicas, como el establecimiento de aranceles o sanciones multimillonarias en contra de México”.
El presidente de The American Society of Mexico se sumó al señalar que el Gobierno mexicano debe corregir el rumbo y apegarse a los compromisos del acuerdo y demoestrar que el Gobierno se apega al tratado.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reiteró la incongruencia de la política energética del Estado mexicano con sus compromisos plasmados en tratados comerciales internacionales.
“Esta no sólo genera obstáculos para el aprovechamiento de los beneficios derivados del T-MEC, sino que pone en riesgo la estabilidad de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo que merma la competitividad de la región”, señaló el instituto en un comunicado.
CEHR
